Sonora cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción
El Estado de Sonora se convirtió en una de las primeras entidades en contar con un Sistema Estatal Anticorrupción, al aprobar el Pleno del Congreso la Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución local, entre las que destaca la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora especializada en delitos electorales y de anticorrupción.
Esta Soberanía se suma entonces al combate frontal a la corrupción, lo que permitirá al Estado avanzar de manera sólida a consolidar el equilibrio de poderes y a equilibrar el fortalecimiento institucional, además de establecer la obligación de presentar la declaración 3 de 3 a los servidores públicos del Estado.
Este día se clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura y se eligió a la mesa directiva de la Diputación Permanente que ejercerá funciones a partir de este viernes 1° de julio, la cual estará integrada por los diputados Omar Alberto Guillén Partida, presidente; Lisette López Godínez, vicepresidenta; Célida Teresa López Cárdenas, secretaria; José Luis Castillo Godínez y Carlos Alberto León García, suplentes.
La Ley tiene como finalidad armonizar el marco constitucional local con las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.
Verificar la transparencia en la aplicación de los recursos, combatir la corrupción, revisión de cuentas públicas y, en su caso, una mejor administración y aplicación de la justicia, con independencia plena de injerencia del Poder Ejecutivo estatal, entre otros puntos, son los que plantea la Ley que da vida a dicho Sistema.
El diputado David Homero Palafox Celaya, quien dio lectura al dictamen que se aprobó por unanimidad, expuso que el objetivo de esta reforma constitucional consiste en generar una coordinación más estrecha entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Estatal, impulsando la imparcialidad y la independencia de criterios de la autoridad investigadora y de la autoridad sancionadora.
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